El 20 de septiembre de 1984 la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), creada en
diciembre de 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos por
parte de la dictadura militar, entregó al presidente Raúl Alfonsín el Nunca
más, el informe que documentaba la existencia de 340 centros clandestinos de
detención y 8.961 casos de desapariciones.
Recordamos aquel histórico
acontecimiento con fragmentos del libro La historia política del Nunca más: la
memoria de las desapariciones en la Argentina, de Emilio Crenzel. El libro
describe la política de exterminio del gobierno militar que gobernó al país
entre 1976 y 1983, analiza la constitución de la CONADEP, las presiones que
debieron enfrentar sus miembros, la delimitación del alcance de la investigación,
y el modo en que el Nunca más se convirtió en un “relato integrado” para
abordar el pasado que “derrumbó el monopolio de la interpretación difundida
hasta ese momento, durante más de un lustro, por los perpetradores de las
desapariciones”.
A partir del análisis de la
construcción de una “verdad histórica”, el autor también recorre las diferentes
reinterpretaciones del informe y las luchas libradas en torno a la memoria del
pasado, desde su publicación, en 1984, hasta el año 2006, momento en que se
redactó un nuevo prólogo en el contexto de una revisión de la política de
derechos humanos durante del gobierno de Néstor Kirchner.
Fuente: Emilio Crenzel, La
historia política del Nunca más: la memoria de las desapariciones en la
Argentina, Buenos Aires: Siglo XXI, 2014, págs. 53-103.
Hasta la derrota militar
argentina en la guerra de Malvinas, los intentos por construir una verdad
alternativa a la voz oficial sobre las violaciones a los derechos humanos
tuvieron un escaso impacto en la opinión pública. Las denuncias fueron
neutralizadas con relativo éxito por la dictadura y la dirigencia de la
sociedad política y civil, que conocían su contenido. Tras la guerra, se abrió
un nuevo escenario político. La dictadura quedó aislada internacionalmente,
perdió el apoyo de las clases medias, que ahora consideraban falaz su discurso
y denostaban su autoritarismo, su incapacidad de garantizar el consumo y
contener la inflación, y se manifestó de manera abierta la protesta sindical,
reprimida con violencia días antes de comenzar la guerra.
En este contexto se produjo la
ruptura del silencio público sobre las desapariciones. A partir de octubre de
1982, pero de manera especialmente notoria en el verano de 1983-1984, la prensa
–poco antes favorable a la dictadura- difundió intensamente, y con un cariz
sensacionalista, las exhumaciones de tumbas NN efectuadas tras las denuncias de
familiares de desaparecidos; publicó testimonios de sobrevivientes, informes de
los organismos de derechos humanos y declaraciones de los perpetradores
relatando sus crímenes. Así, las desapariciones se instalaron como tema central
de la información pública… (…)
La transición política estuvo
determinada por la debilidad de la dictadura para imponer condiciones al futuro
gobierno civil y la renuencia de la oposición a procurar su derrumbe. Cabe
recordar que los partidos políticos, la dirigencia empresarial y social, las
jerarquías religiosas y los principales medios de comunicación habían
impugnado, en 1979, la visita de la Comisión de la OEA, calificándola como una
injerencia extranjera en los asuntos del país, y defendieron la “lucha
antisubversiva”. Tampoco habían reclamado por los crímenes cuando la dictadura
convocó en 1980 a un “diálogo político” y, pese a no asumir ningún compromiso
de no revisarla, acompañaron la voluntad de olvido del régimen o, a lo sumo, le
solicitaron sincerar lo sucedido por medio de la publicación de las listas de
desaparecidos, tesitura que mantuvieron pese a la entrega del Premio Nobel de
la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, director del Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ) en 1980, y tras agruparse, en julio de 1981, en la “Multipartidaria”.
La Iglesia, por su parte, se mantuvo públicamente en silencio ante los crímenes
y recién en 1981 condenó los métodos ilegales empleados en la lucha
antisubversiva. (…)
En ese escenario, los organismos
de derechos humanos canalizaron buena parte del repudio al régimen y se
erigieron en un actor difícil de soslayar en la escena política. (…) Los
denunciantes no clamaban venganza, no manifestaban odio ni expectativas de
cambiar el orden social, sino que exigían justicia al estado por las
violaciones sufridas. (…)
El 31 de octubre, tras (el)
triunfo electoral (de Raúl Alfonsín), los organismos de derechos humanos
volvieron a solicitar la constitución de una comisión investigadora
parlamentaria que estableciese las responsabilidades políticas del terrorismo
de estado con su colaboración y asesoramiento.
(…) Conte y los diputados del
Partido Intransigente impulsaron esta iniciativa, la cual logró el apoyo del
Partido Justicialista… Sin embargo, lo que más preocupó a Alfonsín fue advertir
el fuerte apoyo que recibía esta iniciativa en su propio partido (y) comenzó a
elaborar como alternativa formar una “comisión de personalidades” para
investigar el pasado.
Carlos Nino explicaría que el
rechazo del Presidente a la comisión bicameral se fundaba en que éste
consideraba que una comisión del Congreso embarcaría a los legisladores en una
competencia por la autoría de la sanción más dura contra las Fuerzas Armadas, y
daría así origen a una situación de extrema tensión. (…)
El decreto presidencial 187 del
15 de diciembre de 1983, que creaba la CONADEP, suponía la intervención
efectiva de los poderes del estado a través de la dependencia de la Comisión
del Ejecutivo y de la participación de los legisladores, y también la
intervención de la sociedad civil; así, de algún modo, la CONADEP se volvía una
intersección entre el estado y la sociedad civil. Su creación alumbró la
desconfianza del gobierno sobre la capacidad de los poderes del estado de
derecho, como el Parlamento, y de la dirigencia política como marco y actores
para elaborar una verdad compartida sobre las desapariciones, aun en un momento
de refundación institucional.
La “despolitización” de la
investigación aparecía para el Ejecutivo como una precondición necesaria para
no reproducir los enfrentamientos que, sobre el sentido del pasado, signaron la
historia nacional y alimentaba sus temores, ya referidos, a que el Congreso
contrariara la meta oficial de justicia limitada.
(…) Sus integrantes (…) eran
figuras públicas prestigiosas en una diversa gama de actividades. Los
religiosos eran representantes de tres cultos significativos: el católico, el
protestante y el judío, y el resto eran reconocidos en el mundo del periodismo,
el derecho, la cultura y la ciencia. (…)
El 22 de diciembre de 1983, en el
segundo piso del Centro Cultural General San Martín, la CONADEP se reunió por
primera vez. La Comisión decidió, como primer paso, solicitar a la APDH toda la
información, incluyendo las denuncias recibidas, que tuviese sobre las
desapariciones.
El 29 de diciembre se completaron
las cinco secretarías. Colombres convocó al abogado y miembro de la APDH Raúl
Aragón para dirigir la de procedimientos; Tróccoli invitó a Daniel Salvador y a
Leopoldo Silgueira a dirigir la de documentación y la administrativa,
respectivamente, y Nino propuso a su amigo y ex socio, el abogado Alberto
Mansur, como secretario de asuntos legales. Ese día, la Comisión eligió por
unanimidad a Sabato como su presidente, por considerar que era la figura con
mayor reconocimiento en la opinión pública.
El inicio de la labor de la
CONADEP agitó las filas castrenses. (…) Los organismos de inteligencia
caracterizaban a la Comisión como parte de la delincuencia subversiva y seguían
de cerca sus pasos. A este clima de presiones, se añadía el llamado “show del
horror”, la revelación diaria en la prensa de la exhumación de cadáveres en
cementerios públicos, denuncias sobre la existencia de centros clandestinos,
testimonios de secuestros, torturas y crímenes perpetrados por las Fuerzas
Armadas que, según los miembros de la CONADEP, excitaban la sensibilidad
ciudadana y acrecentaban su expectativa en la Comisión. Debido a ello, la
Comisión decidió llamar a la población a aportar denuncias concretas. (…)
Los familiares y los
sobrevivientes comenzaron a formar largas filas, en pleno verano, para efectuar
la denuncia. Sus expectativas, sin embargo, eran heterogéneas. Mientras muchos
sobrevivientes habían sido testigos del exterminio, la idea de la existencia de
desaparecidos adultos con vida estaba extendida entre los familiares. (…) Estas
expectativas evidenciaban la incredulidad pública ante los alcances del horror.
(…) Ruiz Guiñazú recuerda que la Comisión esperaba encontrar desaparecidos con
vida y, de hecho, organizó como una de sus primeras tareas viajes e
inspecciones para dar con ellos. (…)
A fines de enero de 1984, la
CONADEP tomó una decisión crucial que cambió el curso de su investigación.
Colombres redactó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que garantizara la
permanencia en el país de personas posiblemente relacionadas con las desapariciones
y la sustracción de niños. (…) Las nuevas denuncias de los sobrevivientes
conllevaron un cambio respecto de las existentes hasta entonces, ya que la
CONADEP logró reunir cerca de 1.200 de estos testimonios frente a los 70 con
los que contaban los organismos antes de crearse la Comisión, número que
limitaba las pruebas sobre miles de casos de desaparición y la posibilidad de
identificar a sus responsables. (…)
Este cuerpo testimonial, por su
carácter heterogéneo, tuvo una importancia decisiva para ampliar las pruebas
existentes, reafirmar otras o generar nuevas. A los grandes centros
clandestinos conocidos que concentraron la mayoría de los desaparecidos, como
la ESMA y el Club Atlético en Capital, Campo de Mayo y El Vesubio en Buenos
Aires y La Perla en Córdoba, se agregaron centenares de dependencias militares,
policiales y civiles de casi todo el país y se amplió el saber sobre centros
clandestinos importantes, como Campo de Mayo, del cual había sólo un testimonio
al formarse la CONADEP. Por último, estas declaraciones permitieron detectar el
tránsito de desaparecidos entre distintos centros y probar, de esta manera, su
integración en un mismo sistema.
La CONADEP optó por clasificar
este vasto material testimonial por centro clandestino. (…)Esto permitía
responsabilizar a quienes habían actuado en esos centros por conjuntos de casos
y, a la vez, sintetizar las presentaciones. También, sirvió para detectar
especificidades de determinados centros, como “Automotores Orletti”, donde
fueron recluidos desaparecidos de países limítrofes; así, se pudo probar la
coordinación represiva entre las dictaduras de la región. Mediante esta
decisión, la Comisión invirtió de raíz, sin proponérselo, el carácter del
espacio estratégico de la desaparición. El no lugar que constituyó el centro
clandestino se transformó en el eje para reconstruir la materialidad de las
desapariciones.
Las inspecciones de los centros
clandestinos, el aumento de las denuncias recibidas, las presentaciones de la
Comisión a la Justicia y las declaraciones de Sabato sobre el papel de la
jerarquía católica durante la dictadura modificaron el perfil de los apoyos y
las críticas a la CONADEP. Hasta allí, las críticas dominantes cuestionaron sus
limitaciones de origen, la utilidad de su investigación y las relaciones de sus
integrantes con la dictadura. Ahora, en cambio, vinculaban a la CONADEP con la
subversión y el ánimo de venganza. (…)
El más violento de estos ataques
lo formuló el almirante Mayorga, defensor de Chamorro, ex director de la ESMA,
quien calificó a sus integrantes de “izquierdizantes” y “antimilitaristas” y de
parcialidad “por haber sufrido en ellos o en sus parientes los avatares de esta
guerra”, postuló que la CONADEP “pedía de rodillas testimonios contra los
militares”, que su informe iba a ser un gran fracaso, y abogó por el olvido y
la amnistía. Estas declaraciones, de manera paradójica, impulsaron a partidos
que se habían opuesto a la CONADEP en el Congreso y a los organismos de
derechos humanos más críticos a su formación a defenderla. (…)
“Nunca Más”. La investigación de
la CONADEP en la televisión
(…) La CONADEP decidió (…)
adelantar las conclusiones preliminares de su investigación mediante la emisión
de un programa televisivo. Ruiz Guiñazú y Gerardo Taratuto, quien integraba el
grupo de abogados de la Secretaría de Asuntos Legales y era, a la vez,
dramaturgo y realizador televisivo, asumieron su preparación. Según Taratuto,
su título, “Nunca Más”, fue idea de Ruiz Guiñazú.
El anuncio de su emisión provocó
inquietud en el gobierno, debido al efecto que, estimaba, tendría el programa
entre los militares. El 4 de julio por la mañana, Alfonsín discutió con sus
colaboradores si emitirlo con el costo de irritar a los militares o prohibirlo,
pese a que ya estaba anunciado, y enfrentar el escándalo público. Según
Taratuto, Sabato amenazó con renunciar si el programa no salía al aire.
Finalmente, Alfonsín decidió su emisión pero consiguió que Sabato accediera a
incluir una introducción de Tróccoli que evitaría que se condenara sólo el
terrorismo de estado.
Finalmente, el programa fue
emitido el 4 de julio entre las 22 y las 23:30 horas, en el ciclo “Televisión
Abierta”, conducido por el periodista Sergio Villarroel. (…) “Nunca Más”
también modificó el escenario político y la legitimidad de la CONADEP. Su
emisión desembocó en el reemplazo de Arguindegui, jefe del Ejército, quien no
pudo impedir su emisión y se enfrentó a la decisión del gobierno de relevar a
Mansilla. Los aliados de los militares, sin negar su veracidad, criticaron que
el programa olvidara la violencia subversiva y exigieron un programa, también
oficial, que la retratara. Al mismo tiempo, tras él, arreciaron las amenazas de
muerte contra Sabato, Aragón y Fernández Meijide.
La CONADEP debía, por último,
escribir un informe con una explicación detallada de los hechos investigados.
La Comisión interpretó rápidamente que éste debería conjugar dos intervenciones
simultáneas: expresar una condena moral contemporánea del sistema de
desaparición y constituirse en un legado a futuro que ayudara a evitar su
reiteración. Como expresó Sabato, el informe serviría de recordatorio a las
generaciones venideras de la gran tragedia vivida en la Argentina, sería “un
monumento simbólico, pequeño, porque no tiene que ser grandioso, a la barbarie
y a la represión desatada para que nunca más vuelva a suceder”. (…)
Según Taratuto, Sabato le dijo
que quería un informe que ofreciera una visión nacional, diera cuenta de la
violación de derechos y principios fundamentales del orden político, moral y
religioso —como el derecho a la vida, a la defensa y a la información—, que la
gente lo pudiese leer, lo entendiera hasta un ama de casa y que, si lo leía un
militar, se avergonzara y no pudiera aducir que eran patrañas. (…)
En un acto público transmitido
por televisión el 20 de septiembre de 1984, Sabato entregó el informe de la
CONADEP al Presidente en la casa de gobierno. Ésta sería la primera y única vez
que todos los miembros de la Comisión participaron de un acto vinculado al
Nunca Más. Setenta mil personas se reunieron en Plaza de Mayo, convocadas por
la mayoría de los organismos, los partidos políticos —incluso aquellos opuestos
a la Comisión— y grupos estudiantiles y sociales que, tras el acto, marcharon a
Tribunales reclamando la jurisdicción de la Justicia Civil y pidiendo al
Congreso la comisión bicameral.
Un día después, Alfonsín dispuso
publicar el informe de la CONADEP por la Editorial Universitaria de Buenos
Aires. La consigna del acto “Después de la verdad, ahora la justicia”, la multitud
y su heterogénea composición, ilustraban la legitimidad alcanzada por la
CONADEP. Sin embargo, las explicaciones sobre este éxito eran divergentes. Para
uno de sus mentores, Carlos Nino, la Comisión resultó útil a la estrategia del
gobierno “al atender las necesidades de las víctimas y aplacar a los grupos de
derechos humanos”. Para algunos observadores, en cambio, el resumen del informe
entregado a la prensa caracterizaba las desapariciones como crímenes de lesa
humanidad, desestimaba la teoría de los excesos y contradecía el objetivo
oficial de inculpar sólo a las cúpulas militares.
Lo cierto es que la entrega del
informe puso fin a la estrategia oficial de “autodepuración” de las Fuerzas
Armadas. Un día después del acto, el Consejo Supremo pidió una nueva prórroga
para su labor, calificó de “inobjetables” los decretos y órdenes con los cuales
las Fuerzas Armadas enfrentaron a la subversión y precisó que los comandantes
sólo podían ser acusados de no haber controlado los presuntos ilícitos de sus subordinados
cuyos actos debían ser investigados. Éstos constituían el cuerpo de oficiales
en actividad, segmento que el gobierno pretendía excluir de la investigación
judicial. Se señalaba, además, que debía investigarse si los damnificados
habían cometido delitos; de este modo, se proponía examinar los actos de los
desaparecidos. A raíz de ello, el fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones de
la Capital, Julio Strassera, pidió la avocación a la causa, por interpretar
esos actos como “dilatorios” y denegatorios de justicia.
La respuesta castrense a la
entrega del informe, además, incluyó una serie de actos conmemorativos en los
aniversarios de ataques guerrilleros a unidades militares, ocurridos durante el
gobierno peronista entre 1973 y 1976; así pretendía afirmar su tesis sobre la
guerra librada, y asociar la intervención uniformada con la defensa de la
democracia y su triunfo con su restauración.
Por otro lado, calificaron de
falaces los testimonios reunidos por la CONADEP, consideraron que sus
integrantes y su informe eran parte de la estrategia subversiva y alertaron
sobre el regreso a las calles del “clima revolucionario”. Sus aliados católicos
hicieron de los púlpitos tribunas de agitación política, criticaron ferozmente
al gobierno y amenazaron con un nuevo golpe de estado. En paralelo, fueron
robados documentos recabados por la CONADEP en Rosario y en Mar del Plata, y se
incrementaron las intimidaciones y atentados contra ex miembros de la Comisión,
militantes políticos y de los organismos.
Para estos últimos, el dictamen
del Consejo Supremo reforzaba la necesidad de crear la comisión bicameral.
Conte insistió, sin éxito, con esta propuesta en el Congreso. Sin embargo, a
excepción de las Madres, los organismos de derechos humanos valoraron el
informe como un documento acusador, de valor ético incalculable y vital para
efectivizar la Justicia por contener un corpus de “pruebas irrefutables”. (…)
Mediante la labor de la CONADEP
el estado constituyó las desapariciones en objeto de investigación. La Comisión
concentró, centralizó las denuncias hasta entonces existentes y produjo nuevas
pruebas; así transformó el conocimiento sobre la magnitud y la dimensión de las
desapariciones en la Argentina…
La investigación de la CONADEP y
su informe público fueron el resultado de la conformación de una alianza tácita
entre la mayoría de los organismos de derechos humanos y la conducción del
estado que se tradujo en un proceso de legitimación recíproca entre la
Comisión, los organismos, los familiares y los sobrevivientes. (…)
La CONADEP les otorgó a los
organismos, a los familiares y a los sobrevivientes una legitimidad pública
inédita, en especial, al asignarles un rol protagónico en el programa
televisivo que adelantó sus conclusiones, al darles la autoridad para decidir
el destino judicial que tendrían sus testimonios y al invitarlos a proponer sus
ideas sobre las recomendaciones que debería incluir su informe final. (…)
Por todo ello, mediante la
investigación de la CONADEP se modeló, más allá de la conciencia del gobierno y
de los organismos de derechos humanos, la elaboración de un relato y una
interpretación compartida sobre estos hechos cuyas divergencias exclusivas
giraban en torno a qué tipo de tribunales —civiles o militares— debían juzgar
las violaciones y si debería predominar la justicia preventiva o la
retributiva. Esta perspectiva supuso la articulación de la narrativa
humanitaria, forjada durante la dictadura entre los denunciantes del crimen,
que privilegiaba la reconstrucción fáctica de las violaciones y la presentación
de los desaparecidos a partir de sus datos identitarios básicos y sus valores
morales, con los marcos interpretativos que el Ejecutivo propuso para juzgar la
violencia política. Estos marcos que limitaban la persecución penal a los
responsables materiales de las desapariciones, postuladas como una práctica
exclusiva de la dictadura, omitían el análisis de las responsabilidades de la
sociedad política y civil antes y después del golpe, y evitaban historizar las
causas de la violencia política. Presentes en los decretos de juzgamiento a las
cúpulas guerrilleras y a las Juntas Militares, fueron asumidos con mayor
intensidad por el gobierno cuando la “unión nacional” reemplazó en su agenda la
confrontación con las corporaciones y con la conducción peronista encabezada
por Isabel Perón, decisión que, como se expuso, tuvo consecuencias en la
periodización, de corte institucional, que la CONADEP adoptó para retratar las
desapariciones. La investigación de la CONADEP produjo efectos políticos y
jurídicos de primer orden: elaboró un conocimiento novedoso sobre la dimensión
que alcanzaron las desapariciones en la Argentina, conformó un corpus
probatorio inédito para juzgar a sus responsables y desencadenó la clausura de
la estrategia oficial de juzgamiento a las Juntas Militares por sus pares. Su
informe, Nunca Más, expondría una nueva verdad pública sobre las
desapariciones, y se conformaría en la nueva clave interpretativa y narrativa
para juzgar, pensar y evocar este pasado entonces inmediato.
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