Fue establecido a través de la
Ley 26.323 en recordación de la asunción del presidente Raúl Alfonsín, cuando
se restituyó en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho, el
10 de diciembre de 1983.
El 10 de diciembre de 1983 el
radical Raúl Alfonsín asumía la Presidencia con la promesa que había sido una
de sus consignas de campaña: "Con la democracia se come, se educa y se
cura".
El 30 de octubre de ese mismo
año, Alfonsín se había impuesto en las elecciones presidenciales con el 51,75
por ciento de los votos sobre el justicialista Italo Luder, quien obtuvo el
40,16.
En las plazas de todo el país la
gente se concentraba esperanzada y se unificaba en cánticos coreados
especialmente por los jóvenes. Uno de ellos era: "Se acabó la dictadura la
reputa madre que los reparió". No era una consigna política elaborada, por
supuesto, sino un estallido que liberaba a las multitudes de broncas, angustias
y miedos por los años de sombras y muertes.
Se cerraba así no sólo la etapa
de la dictadura cívico militar más cruenta de la historia argentina, sino el
largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento de
Hipólito Yrigoyen. Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad
democrática, que a pesar de las sombras y acechanzas, inauguró una etapa
inédita en la política del país: la continuidad de los gobiernos elegidos por
el voto popular sin las interrupciones impuestas por las dictaduras militares.
La democracia no fue un fruto
caído del cielo, sino el resultado de un largo proceso de resistencia al
terrorismo de Estado que adquirió variadas formas en lo político, en lo social
y en la lucha por los derechos humanos que erosionaron a la dictadura hasta el
ocaso definitivo que le provocó la derrota en la guerra de las Malvinas.
Alfonsín sintetizó el anhelo
democrático de las mayorías y cumplió con el juzgamiento a los miembros de la
Junta Militar, pero no pudo avanzar en otras tareas que forman parte de la
democracia como la inclusión social y la desarticulación del modelo neoliberal
implantado por la dictadura.
Fue asediado por los grandes
grupos económicos y, en el límite, declaró la "economía de guerra".
Al mismo tiempo soportó las sublevaciones de los militares carapintadas que lo
llevaron a imponer las leyes de obediencia debida y punto final, provocando un
retroceso en materia de derechos humanos.
Los sucesivos paros generales de
la CGT también demostraron que la situación de los trabajadores formaba parte
de las tareas de una democracia inconclusa.
En ese proceso, un hecho oscuro y
no resuelto fue el copamiento del regimiento de La Tablada por un grupo armado
que respondía al Movimiento Todos por la Patria cuya justificación fue que se
estaba gestando un golpe de Estado.
Sobre el final del gobierno de
Alfonsín la hiperinflación, la ruptura de la cadena de pagos y los saqueos a
los supermercados provocaron una crisis de tal magnitud que el entonces
ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, apuntó a los grandes grupos empresarios
con una frase antológica: "Les ofrecí el corazón y me contestaron con el
bolsillo".
La crisis obligó a Alfonsín a
adelantar el traspaso del mando presidencial y el justicialista Carlos Menem,
triunfante en las elecciones, se hizo cargo del Poder Ejecutivo.
Menem había prometido el
"salariazo", pero profundizó el modelo neoliberal inaugurado por la
dictadura hasta límites impensados, apuntalado por los grupos económicos que
habían conspirado contra Alfonsín y con la dirección estratégica de su ministro
de Economía, Domingo Cavallo, quien traspasó la deuda externa contraída por los
grandes empresarios al Estado.
En ese camino, se privatizaron
las principales empresas públicas; se crearon las AFJP que colocaron los fondos
de los aportes jubilatorios en manos empresarias; más de un millón de empleados
estatales optaron por el retiro voluntario y, Cavallo mediante, se equiparó al
peso con el dólar, el 1 a 1, que generó la quiebra de miles de empresas de la
industria nacional y multitudes de argentinos viajando a Miami en los tours del
"deme dos".
En derechos humanos, Menem fue
más a fondo en el retroceso e indultó a los jefes de la dictadura militar con
el argumento de que había que "cerrar heridas del pasado".
Una sublevación militar liderada
por Mohamed Alí Seineldín contra la conducción del Ejército a la que
consideraba "liberal" provocó, al ser derrotada, que las Fuerzas
Armadas dejaran definitivamente de tener injerencia en la política para
replegarse a su rol profesional. En forma paralela, el asesinato del soldado
Omar Carrasco en un regimiento del sur del país, llevó al gobierno menemista a
eliminar el servicio militar obligatorio.
Ya en el segundo mandato de
Menem, los síntomas de una crisis económica y el agotamiento del 1 a 1
prepararon el terreno para que la UCR y el Frepaso constituyeran la Alianza,
que llevó al gobierno a Fernando de la Rúa. Menem dejaba la presidencia con un
25 por ciento de desocupación y casi el 50 por ciento de pobreza.
La gestión de De la Rúa apenas
duró dos años. Mantuvo el mismo modelo económico heredado de la dictadura y del
menemismo, llamó a Domingo Cavallo en su auxilio y lo nombró ministro de
Economía.
Cavallo rebajó el 13 por ciento
de los haberes de empleados públicos y jubilados y, ante la fuga de capitales,
impuso el "corralito", que dio un golpe de gracia a los pequeños
ahorristas en dólares de la clase media.
El país explotó en diciembre de
2001, y el gobierno de la Alianza respondió a las movilizaciones con represión,
causando la muerte de 38 personas y cientos de heridos. En las calles surgieron
dos consigna centrales: "Que se vayan todos" y "Piquete y
cacerola la lucha es una sola", y por todo el país surgieron asambleas
populares, que algunos analistas veían como embriones de un doble poder.
De la Rúa dejó el gobierno en un
helicóptero que partió de la Casa Rosada y se generó un vacío de poder que
intentó ser llenado por sucesivos presidentes interinos, que renunciaban uno
tras otro.
Adolfo Rodríguez Saá fue uno de
ellos: declaró el default y poco después renunció tras una fracasada reunión con
gobernadores en Chapadmalal.
La Asamblea Legislativa del 1 de
enero de 2002 eligió a Eduardo Duhalde como presidente interino.
Su gobierno
abandonó el esquema del 1 a 1, tras una fuerte devaluación; comenzó a devolver
en parte los ahorros atrapados en el corralito; pesificó las deudas bancarias
en dólares; devolvió en bonos el 13 por ciento a empleados públicos y
jubilados, y buscó frenar las movilizaciones piqueteras que reclamaban trabajo
implementando una serie de subsidios.
Pero Duhalde se vio obligado a
llamar a elecciones tras el asesinato de los militantes sociales Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán, por parte de la policía.
Un hasta ese momento casi
desconocido gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, se enfrentó en
elecciones a Carlos Menem, es decir, se enfrentaron el nuevo modelo de país y
el que agonizaba.
Kirchner llegó al gobierno con
apenas el 22 por ciento de los votos y tras la renuncia de Menem a participar
en la segunda vuelta electoral, asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003.
Durante su gestión, y las de
Cristina Fernández de Kirchner, se comenzaron a completar las tareas de la
democracia inconclusa basándose en dos premisas: inclusión social y
recuperación de la lucha por los derechos humanos. Así, se derogaron las leyes
de obediencia debida y punto final y los indultos y se abrieron los juicios a
cientos de represores.
Al Estado volvieron los fondos de
las jubilaciones que habían sido utilizados para la especulación financiera por
las AFJP; se creó la Ley de Medios. Además, se crearon 5 millones de puestos de
trabajo; se aprobó el matrimonio igualitario y el derecho de género y se
nacionalizaron YPF y Aerolíneas Argentinas.
Más de un millón de personas que
no habían podido jubilarse por no contar con los años necesarios de aportes
debido a la desocupación se incorporaron al sistema y los haberes de los
jubilados comenzaron a aumentarse dos veces por año.
El kirchnerismo desmontó el
modelo neoliberal, le dijo no al Alca en la Cumbre de las Américas junto a
otros presidentes latinoamericanos; canceló la deuda del país con el FMI y
negoció un canje con el resto de los acreedores con una quita sustancial.
Los
reclamos contra el gobierno tuvieron una de sus máximas expresiones en 2008,
cuando el sector agropecuario se movilizó contra la resolución 125. Aunque el
gobierno perdió las elecciones legislativas de 2009, recuperó la mayoría en el
Congreso en 2011, tras las elecciones presidenciales en las que Cristina
Fernández de Kirchner obtuvo su reelección.
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