El 4 de agosto de 1976, el cuerpo
del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, fue encontrado al costado de la ruta
38, camino a la capital provincial. La camioneta furgón en la que viajaba dio
varias vueltas antes de que saliera expulsado. Su acompañante, el entonces
vicario episcopal, Arturo Pinto, sufrió numerosos golpes y perdió la
conciencia, pero salvó su vida. Cuando la policía encontró el cuerpo de
Angelelli, estaba llamativamente dispuesto sobre la tierra. Ambos religiosos
regresaban de Chamical, donde unos quince días antes habían sido secuestrados,
torturados y brutalmente asesinados los jóvenes sacerdotes Gabriel Longueville
y Carlos de Dios Murias. El obispo había oficiado la misa del entierro el 22 de
julio y en la camioneta llevaba una valija con documentos recogidos para
esclarecer estos crímenes.
Enrique Angelelli nació en 1923,
en Córdoba. A los 26 años fue ordenado sacerdote y once años más tarde, obispo.
En 1968, le fue asignada la diócesis de La Rioja. Allí, desarrolló con notorio
entusiasmo su apuesta por los votos sociales del Concilio Vaticano II. Con su
estilo llano y de estrecha relación con el empobrecido poblador de aquella
provincia, estimuló y apoyó la organización de las empleadas domésticas, de los
trabajadores mineros y agrícolas. Sus misas dominicales llegaron a ser
transmitidas por radio hacia todos los rincones de la provincia. Pero en una
Argentina en la que se agudizaban los conflictos sociales, pronto encontró la
enemistad del clero integralista y conservador del país, de los dirigentes de
las Fuerzas Armadas y de los sectores poderosos de La Rioja. Apenas producido
el golpe del 24 de marzo de 1976, sus emisiones radiales fueron prohibidas. En
varias oportunidades, sus misas debieron ser canceladas por la prepotencia de
los grupos de poder local.
Al día siguiente de su muerte, el
diario El Sol de La Rioja, tituló: “Murió Angelelli en un accidente”. Esta
misma opinión fue la que mantuvieron por años la Dictadura y el Episcopado
argentino. Pero su acompañante, Arturo Pinto, aseguró ante el Tribunal que
abrió la causa en 1983 para investigar la muerte del obispo, que un Peugeot 404
maniobró bruscamente delante de ellos, provocando el vuelco de la camioneta en
la que viajaban. Lo último que dijo recordar fue el ruido de una explosión. El
19 de junio de 1986, el juez Aldo Morales estableció que se trató de “un
homicidio fríamente premeditado”. Las “leyes de la impunidad” en los 90
provocaron la caída de la causa. Pero la anulación de aquellas leyes, en 2005,
permitió su reapertura. En 2010, Pinto y varios actores más se constituyeron en
nuevos querellantes y solicitaron la imputación de catorce militares y
policías, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, el entonces
comandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, y el
interventor de La Rioja, coronel Osvaldo Héctor Pérez Battaglia. El 4 julio de
2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja consideró delitos de
lesa humanidad el homicidio del obispo y el intento de asesinato del ex sacerdote
Arturo Pinto y condenó por ellos a los represores Luciano Benjamín Menéndez y
Luis Fernando Estrella (foto) a prisión perpetua y cárcel común.
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